Europeana: es la economía, ¡estúpidos!

por Ciro Llueca.Consultor de Preservació de Recursos d’Informació Digitals.Universitat Oberta de Catalunya, En Blok de BID.

http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/europeana-es-la-economia-%C2%A1estupidos

A la hora de producir informes a la Comisión Europea no le gana nadie. En nuestro sector, la Digital Culture de la Digital Agenda for Europe –parte de la estrategia Europa 2020– es una mina. Una declaración solemne encabeza su web: “Hacer accesibles en línea las colecciones de las bibliotecas, museos, archivos y archivos audiovisuales de Europa es beneficiar [win-win, en el original] a la cultura, el crecimiento económico y la realización individual”. Y ciertamente, nadie puede decir que haya habido dejadez de funciones en la producción de informes, recomendaciones y evaluaciones que avalan esta difícil misión, dado el rol de la Comisión como acompañadora e inspiradora de acciones para hacer accesibles las colecciones de las instituciones de la memoria.

De los múltiples documentos de impulso a esta voluntad europea — son destacables algunos ya reseñados por Eugènia Serra en el Blok de Bid: The New Renaissance: report of the “Comité des Sages”, reflection group donde Bringing Europe’s cultural heritage online (2011); y el Strategic plan 2011-2015 y el Business plan 2011 de Europeana (2011) – podemos extraer como mensaje principal que la mise en scène de nuestro rico patrimonio genera acceso a la cultura, pero también riqueza: lo que más necesita esta Europa castigada todavía por la crisis.

La Recomendación 2011/711 / UE a los Estados miembros establecía una serie de medidas en cinco ejes: Digitalización: organización y financiación; Digitalización y acceso en línea al material de dominio público; Digitalización y acceso en línea al material sujeto a derechos de explotación; Europeana; y Preservación digital. Y el pliego de recomendaciones era coherente con otros documentos de estrategia que tienen voluntad de ejercer de marco de trabajo, de inspiradores de políticas y normas estatales, y de elemento alentador de los entusiastas bibliotecarios, archiveros y museólogos que apuestan por la despatrimonialización –en el buen sentido del término, por favor: hablamos de liberación, de socialización de datos– de sus fondos y colecciones.

El Progress report 2011-2013 de la Recomendación es un documento con aspiración de exhaustivo, que evalúa en 66 páginas una recomendación que, con anexos, tenía 7. Su estructura contempla el pertinente resumen ejecutivo, para entrar posteriormente, uno a uno, en los cinco ejes descritos anteriormente. Un breve apartado de conclusiones cierra el informe.

El primer párrafo del resumen avanza la aspiración que justifica todo el informe: estamos hablando de facilitar acceso a materiales culturales para ocio, estudio o trabajo, innovando y reutilizando los materiales para desarrollar contenidos formativos, documentales, aplicaciones turísticas, juegos y otros productos y servicios innovadores. La socialización de nuestro patrimonio, en el sentido de que cada documento custodiado por una institución de la memoria puede convertirse en la semilla de una experiencia cultural o de ocio que acabe generando beneficios económicos: empleo, riqueza, estabilidad económica, crecimiento.

Vamos por partes, sintetizando las principales conclusiones, y focalizando y ampliando el relato en la realidad española, dado su interés por los lectores del Blok de Bid.

En “Digitalización: organización y financiación”:

– La planificación y evaluación de los planes de digitalización de todo tipo de documentos está generalizada en los Estados miembros (20 de los 32 tienen algún tipo de política), pero es desigual en su rango: se recogen iniciativas estatales y regionales, programas de financiación, y estrategias institucionales. Algunos países destacan por una fuerte actividad digitalizadora de instituciones concretas, y otros por inventarse creativas fórmulas de financiación (el 8 por mil del IRPF en Italia; la “Heritage Lottery Fund” en el Reino Unido). En España se menciona la convocatoria anual por parte del Ministerio para proyectos de digitalización, con un resultado de más de medio millón de objetos ya incorporados a Europeana.

– Las acciones de partenariado público-privado para la digitalización y acceso son deficientes. Sólo 12 de los 32 miembros relatan acciones en esta línea, con el liderazgo del Reino Unido y los Países Bajos. No se contemplan acciones de micromecenazgo. En España se menciona el patrocinio de Telefónica en la Biblioteca Nacional de España (sus inicios son de 2009), pero no se deja constancia del proyecto de Google Books con la Universidad Complutense de Madrid (ciertamente, sus inicios se remontan a 2006) y diversas instituciones catalanas como la Biblioteca de Catalunya (igualmente, de 2006), ni tampoco los acuerdos de los museos estatales con el Google Art Project (2013).

– Sobre el aprovechamiento de los fondos estructurales europeos para digitalización y acceso, únicamente 14 de los 32 países han hecho uso. España no ha participado.

– En el establecimiento de economías de escala en los programas de digitalización, vuelven a ser minoría los estados impulsores de estas acciones. De España no constan datos.

En “Digitalización y acceso en línea al material de dominio público”:

– Se insiste en la necesidad de preservar la categoría de dominio público después de la digitalización, y en consecuencia dejar de emplear marcas de agua y otros elementos que limitan el acceso (y por tanto la utilización y reutilización) a los documentos y los metadatos en dominio público, en connivencia con la Directiva 2013/37 / UE, de reutilización de la información del sector público (que tiene fecha límite de transposición en leyes estatales para el 18 de julio de 2015). Únicamente 9 de los 32 estados miembros reconocen obstáculos técnicos y legales. En España se menciona que las ayudas públicas contienen instrucciones contrarias al uso de marca de agua –aunque no constan en la documentación objeto de las subvenciones–.

– Sobre la publicación en línea de estos materiales una vez se hayan digitalizado, hay consenso en llevar a cabo acciones para hacerlo posible (20 de los 32 estados, incluido España).

En “Digitalización y acceso en línea del material sujeto a derechos de explotación”:

– En cuanto a la “rápida y correcta” transposición de la Directiva 2012/28 / UE sobre obras huérfanas, la inmensa mayoría no cumplían con la transposición –recordemos que los datos evalúan la realidad hasta el año 2013–; en el caso español se ha producido en noviembre de 2014, aunque –no lo dice el documento– el proceso ha rayado la desidia, con final repentino, impreciso, y alejado del consenso necesario con las instituciones de la memoria y los creadores.

– Sobre la creación de un marco de licencias que permita la difusión legal de obras digitalizadas, la mayoría de los estados no han cumplido las expectativas.

– Sobre el acceso a bases de datos que faciliten la búsqueda de información sobre los propietarios de los derechos de explotación, 12 de los 32 estados consideran que han contribuido, especialmente Alemania, Bélgica y Portugal.

En cuanto al desarrollo de “Europeana”:

– Sobre el objetivo de 30 millones de objetos digitalizados en 2015, se ha alcanzado el objetivo antes del límite de tiempo establecido (33 millones de objetos en septiembre de 2014), pero se indica que la contribución de los estados ha sido desigual: Estonia ha aportado documentos por valor del 831% de su objetivo, los Países Bajos un 509% del suyo, Suecia un 262%; por el contrario, Eslovenia está un 68% por debajo de su previsión. España se encuentra en un cómodo 120% por encima de sus expectativas, y se destaca que un acuerdo con ARCE (Asociación de Editores de Revistas Culturales de España) permitirá el acceso a los títulos asociados. Globalmente, pues, podemos considerar que Europeana ha sido un éxito.

– En cuanto a la presencia de las “masterpieces” europeas con dominio público, la ratio no se considera satisfactoria: únicamente 8 de los 32 estados han impulsado proyectos específicos. España no forma parte del grupo de cabeza.

– La mayoría de Estados miembros han impulsado la creación de agregadores nacionales (24 de 32). En el caso español, Hispana es el ejemplo.

– Sobre el uso de los estándares de metadatos de Europeana, se ha hecho progresos (14 de los 31 estados). España tiene como condición para sus ayudas anuales la utilización de estos estándares.

– Sobre la difusión del portal Europeana entre el público generalista, 12 estados afirman haber realizado acciones. España informa de una campaña escolar en el segundo semestre de 2014, que entendemos se refiere a “Europeana tú eres la llave”.

En “preservación digital”:

– Sobre el impulso a estrategias de preservación digital a largo plazo -que pueden ser estatales, regionales o institucionales–, 17 estados de los 32 afirman tener políticas de preservación digital, con Suecia, Finlandia, e Italia a la cabeza. España se incluye en este grupo, pero se desconoce a qué política se refiere el documento.

– Sobre previsiones de copia y migración de objetos, 14 de los 32 estados afirman tener previsiones. España no está en este grupo.

– Sobre el desarrollo técnico de las plataformas para asegurar el depósito digital, 16 de los 32 Estados miembros han informado de que han hecho avances en este propósito. No es el caso de España, donde seguimos sin noticias del imprescindible reglamento de la Ley española 23/2011 del Depósito legal, previsto para enero de 2012.

– Sobre la captura de páginas web, 14 de los 32 afirman tener medidas para preservar los contenidos nacidos digitales de la web. España no se incluye en este grupo, aunque en la realidad existen tres importantes proyectos (PADICAT en la Biblioteca de Catalunya; Ondarenet a Bibliotecas del País Vasco: y el Archivo de la Web Española mediante las capturas en Internet Archive por encargo de la Biblioteca Nacional de España).

En las conclusiones del informe de evaluación se hace evidente que ha habido avances significativos en la adopción de las recomendaciones de 2011, fruto más de una apuesta cuantitativa (cargar objetos en Europeana) que de una estrategia comunitaria cualitativa (redacción de políticas de digitalización y preservación, o transposición generalizada de la legislación europea, por ejemplo).

El caso español, evaluado con más atención por el reseñador, aporta muchas dudas: en el fondo la situación no es demasiado diferente de la melée europea, ciertamente, pero la dejadez en la aportación de los datos es preocupante: ¿cómo se puede obviar el proyecto Google Art los museos españoles, o el proyecto de archivo web de la BNE? Es incomprensible.

La sensación epidérmica –en Europa y en España– es que seguimos sin creernos que la recuperación pasa por nuestro talento diferenciador: el patrimonio, la cultura. Por lo tanto, nuestro sector sigue jugando en la división del voluntarismo y las buenas intenciones. El informe de progreso no hace más que demostrar con indicadores –no demasiado rigurosos, todo sea dicho- que la realidad está lejos de los deseos que clama la agenda europea.

Para terminar –permítanme la batallita– les diré que tengo unos amigos diseñadores. Magníficos profesionales, la crisis económica ha provocado una situación económica delicada en su empresa. Me preguntan un día cuáles son los pasos burocráticos que deben superar para aprovechar unas viejas imágenes fotográficas que tenemos en el archivo, y crear con ellas una aplicación de información turística para móviles. Yo pensando en la difusión del fondo para dar valor a mi institución cultural, y ellos pensando en ganarse la vida, como no puede ser de otra manera: “es la economía, estúpidos!”

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